Derecho que tenía el rey de proponer a determinadas personas para el nombramiento de cargos eclesiásticos. Este derecho, continuación de una antigua prerrogativa de la corona castellana y aragonesa, fue concedido por el papa a los Reyes Católicos y se extendió posteriormente a América (1501), donde se mantuvo hasta 1868. Estos privilegios constituyeron una continua fuente de disputas entre la Corona española y el Papado y debieron ser regulados mediante la firma de concordatos (1753 y 1851), que establecían un régimen mixto de elección entre la Corona y la Santa Sede. El rey Juan Carlos I renunció a sus últimos privilegios como jefe del Estado español en lo relativo al nombramiento de obispos.